El Cabildo de Gran Canaria abre este lunes el plazo para que los afectados por el cierre de la carretera GC-200 entre La Aldea y el Risco de Agaete soliciten la ayuda económica por los gastos ocasionados por la clausura de la vía debido a un desprendimiento de rocas.

El importe de esta convocatoria, publicada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), asciende a 250.000 euros y tendrá como beneficiarios a personas y entidades afectadas por el corte en esta carretera como consecuencia de la caída de 300 metros cuadrados de rocas y el arrastre de 60 metros de vallas metálicas en el kilómetro 20 de la GC-200.

Esta situación dejó a La Aldea sin salida norte, lo que provocó un grave perjuicio a resientes, trabajadores autónomos, así como a pequeñas empresas, entidades sociales, culturales y deportivas en sus desplazamientos, que se vieron obligados a dar casi la vuelta a la Isla por el Sur para llegar a destinos tan cercanos como Gáldar o Guía.

Los interesados pueden presentar las solicitudes hasta el 2 de enero de 2018 en el Registro General del Cabildo, en el registro de los ayuntamientos de La Aldea y Agaete, en los registros de las administraciones públicas, en Correos y en los consulados y oficinas diplomáticas, según establece la ley. La información está disponible en la web del Cabildo www.grancanaria.com o en el teléfono 928219421.

Esta ayuda servirá para afrontar los gastos de desplazamientos para consultas médicas, juzgados, registros de la propiedad o mercantil, acompañamiento hospitalario para familiares hasta segundo grado de consanguineidad, citaciones o gestiones en organismos oficiales del Cabildo, Gobierno canario o Administración General del Estado, así como la asistencia a cursos de formación oficial y enseñanzas universitarias.

El Cabildo atenderá asimismo las peticiones de la ciudadanía que tuvo que cambiar su residencia a La Aldea para atender sus obligaciones, personas empadronadas en Gran Canaria que trabajan en La Aldea, empresas de hasta 10 empleados, trabajadores autónomos que ejerzan su actividad en estos lugares y entidades sin ánimo de lucro, por el perjuicio económico que ocasionó el cierre de la GC-200.

La subvención concederá hasta el 75 por ciento del lucro cesante en caso de trabajadores autónomos, profesionales y pequeñas empresas, así como asociaciones sin ánimo de lucro, con un límite de 3.000 euros, además del 75 por ciento del alquiler de personas que hayan tenido que trasladar su residencia. Sufragará, por otra parte, el cien por cien de los gastos acreditados de las personas físicas que se hayan desplazado a citas médicas, juzgados y estudios, entre otros aspectos contemplados en la convocatoria.