En su aplicación y puesta en práctica, la legitimidad de ejercicio ha sido cada vez menor. La última reforma exprés del artículo 135, pactado entre PSOE y PP en agosto de 2011, con estivalidad y alevosía, fue el origen de todos los recortes y políticas de austericidio que España aplica todavía hoy en prácticamente la totalidad de sus políticas sociales, educativas o sanitarias.

Frente al estado social, democrático y de Derecho que propugnaba su artículo 1º, la realidad de la España de la crisis ha sido bien distinta. La ciudadanía ha percibido que lejos del interés social, el que prima es el del capital de los grandes bancos que fueron rescatados con ingentes cantidades de dinero público mientras sus directivos seguían financiándose con créditos a coste 0 y utilizando ‘tarjetas black’ pagadas, al final, con los impuestos de todos los ciudadanos, con el dinero de todos.

Esa preferencia de intereses políticos tampoco deja florecer demasiado a una democracia que se muestra corrupta y manifiestamente mejorable. Las medidas de transparencia que se han anunciado saben a demasiado poco y no terminan de ponerle el cascabel al gato. Tampoco la Justicia, que con medios todavía del siglo pasado, tarda años o incluso décadas en resolver los mismos casos de corrupción que ponen el peligro al sistema democrático allí donde se dan.

Incluso los partidos que promovieron y aprobaron, hace apenas 3 años, ese artículo 135 que tantas pocas buenas noticias nos ha traído a los ciudadanos, lo reconocen ahora como un grave error y piden volver atrás. Tarde y mal, como toda la reacción española a la crisis mundial que nos ha tocado vivir. Y no nos podemos olvidar, por supuesto, de Canarias, que ha visto cercenado el derecho a consultar a sus ciudadanos en las urnas sobre temas tan trascendentes como el petróleo. Y todo gracias al mismo Tribunal Constitucional que está llamado a defender los principios constitucionales. Pero el binomio Gobierno de Rajoy – Repsol pudo más.

Ahora, con la credibilidad por los suelos después de reformas constitucionales a medida que apenas duran 3 años sin que los mismos que la propusieron acaben criticándola, sin que las políticas que se aplican respondan a los principios constitucionales, y sin que ninguna de las instituciones constitucionales haya dejado de verse implicada en algún escándalo político relacionado con la corrupción, la pregunta que queda es: ¿realmente hay algo que celebrar? Sí, todo eso que dicen del periodo de mayor estabilidad de la historia de España. Pero, ¿estabilidad para quién y para qué? ¿No es urgente acaso un debate serio y sosegado, no ya sobre la Constitución, sino también sobre la propia aplicación de sus principios y su traslado a las leyes? ¿En qué país vivimos?

Los ciudadanos tendremos que escribir nuestra propia respuesta a todas estas preguntas. A pocos días de introducirnos de lleno en el 2015, año importantísimo a nivel electoral para todas las instituciones del país, a muchos españoles, más de un siglo después, nos sigue doliendo España tal y como le dolió a Unamuno a finales del siglo XIX.

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