Durante la reunión celebrada esta semana por este colectivo ciudadano se decidió denunciar públicamente que el máximo responsable del Gobierno Regional miente respecto a una infraestructura viaria sumamente prioritaria no sólo para La Aldea sino también para toda Gran Canaria.

Roque Aldeano se concentrará mañana jueves, de 11.00 a 12.00 horas, frente a la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, en la Plaza Dr. Rafael O’Shanahan, de la capital grancanaria.

Este colectivo señala que las obras de la referida primera fase que debieron estar concluidas en el 2012, no se han ejecutado de acorde con las partidas económicas destinadas a la misma para los ejercicios 2015 y 2016. De los 17.2 millones comprometido por el anterior presidente Paulino Rivero para invertir en el ejercicio pasado, al final sólo se tradujo en obra nueva unos 9.6 millones, con el agravante de que un millón no se gastó.

Lo apuntado para el 2016 parece una broma de mal gusto para una infraestructura tan prioritaria y que estuvo prácticamente paralizada durante varios años por falta de recursos económicos. No se entiende que de los 31.7 millones previsto para el actual ejercicio, (26.7 procedentes del Gobierno de España con carácter finalista para la carretera de La Aldea, y 5 millones a cofinanciar por el Cabildo de Gran Canaria), ahora la UTE adjudicataria manifieste que sólo tiene capacidad para invertir 18 millones antes del 31 de diciembre.

Ante las dificultades de la constitución del Gobierno de España, este foro ha venido exigiendo al Gobierno Regional y Cabildo busquen soluciones para adelantar la licitación de la segunda fase El Risco-Agaete y se ejecute por la vía de urgencia el túnel de Faneque. Mientras responsables de ambas instituciones más el Estado parecen ajenos al drama que sufre La Aldea, los usuarios de la actual vía siguen sufriendo las consecuencias de los desprendimientos y la caída de los muros de contención, de una vieja carretera que empezó a construirse en 1924, con las las nefastas consecuencias sanitarias, sociales, administrativas y comerciales que la situación denunciada por este colectivo está conllevando.

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