En el encuentro, en el que se puso de manifiesto que la isla se beneficia del 35% de la financiación de la partida del PDR para el periodo 2014-2020 que ejecuta el Ejecutivo canario y que está destinada a este concepto, estuvieron acompañados por el director de Agricultura, César Martín; el consejero del Cabildo de Gran Canaria, Fernando Bañolas; y el representante del Gobierno de Canarias en el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, Felipe Sánchez.

Estos proyectos prevén la construcción de la balsa de Barranquillo Frío, en el término municipal de Santa María de Guía y la ampliación de la red pública de agua para riego en la costa Noroeste de Gran Canaria, Fase III, en Gáldar, dotados con 1,21 y 1,12 millones de euros respectivamente. Son dos de las actuaciones que se realizarán en la isla con financiación del PDR y que se encuentran también recogidas en el Plan de Regadíos de Canarias.

La primera de estas iniciativas cuenta ya con las correspondientes autorizaciones y solo se encuentra pendiente de la finalización de los trámites para la encomienda de los trabajos a la empresa Tragsa. Esta obra se va ejecutar en la parte alta del municipio de Santa María de Guía, a una cota de 750 metros- en cota superior a la balsa de los Llanetes que ejecutó la consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias años atrás- y permitirá mejorar la capacidad de regulación y almacenamiento hasta los 37.500 metros cúbicos de esta zona de las medianías de Gran Canaria.

Una vez ejecutada beneficiará a unas 30 hectáreas aproximadamente dedicadas al cultivo de papas, hortalizas y frutales principalmente y permitirá disminuir la impulsión de agua de las cotas bajas en verano al regular el descenso de las aguas de las cotas altas hacia la zona de costa.

La obra de ampliación de la red pública de agua de riego en la costa noroeste de Gran Canaria, en el término municipal de Gáldar, se encuentra actualmente en la fase de obtención de las diferentes autorizaciones administrativas, solicitadas el pasado mes de julio al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Gáldar.

Esta actuación pretende concluir la ampliación y mejora de las redes de conducción de la zona regable del Noroeste de Gran Canaria que se inició con la obras ejecutadas en las Fases I y II, y complementa las anteriores al incorporar agua procedente de la desaladora de Bocabarranco explotada por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, mientras que en las fases previas se aportaba agua de la desaladora de Roque Prieto ubicada en Santa María de Guía.

Con esta obra se llevará agua hasta la zona de La Gaza, se ampliará el depósito hasta una capacidad de 2.000 m3 y se desarrollará la red de reparto a partir del mismo. Finalmente se complementará con nuevos hidrantes y tomas de riego a las conducciones ejecutadas en las Fases I y II. Esta acción beneficiará a 70 hectáreas de platanera, hortalizas, papas y frutales subtropicales principalmente.

Durante la sesión, los representantes de las Comunidades de Regantes le plantearon al presidente la necesidad de solicitar al Estado el restablecimiento de tarifas eléctricas especiales para el agua destinada a la agricultura, derogadas en 2008, o, en su caso, la adopción de medidas que supongan una disminución del coste energético del riego agrícola. En este sentido, Fernando Clavijo indicó que esta cuestión, planteada en múltiples ocasiones al Gobierno de España, es una de las prioridades del Ejecutivo canario que éste reiterará cuando se constituya el nuevo gobierno.

Asimismo se anunció que las subvenciones para los regadíos de iniciativa privada, a las que se pueden acoger estas entidades, se convocarán antes de que finalice el año. Estas ayudas suponen para el periodo 2014-2020 un importe aproximado de tres millones de euros.

La agricultura que se desarrolla en Canarias depende en gran medida del regadío, de hecho, algo más del 60% de la superficie cultivada está bajo riego. El regadío sigue siendo el principal consumidor de agua en el Archipiélago, por tanto, todas aquellas actuaciones que van encaminadas a mejorar la eficiencia en la gestión de este recurso tienen especial relevancia para la conservación de los acuíferos y en la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias, para las que el agua supone un coste importante.