El Cabildo de Gran Canaria ha exigido a Seguridad Integral Canaria que pague la totalidad de los salarios pendientes de abonar a los empleados que prestan su servicio en la Institución insular, informó hoy el consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo Brito.

El consejero explicó que la previsión es que la empresa pague los salarios en el plazo máximo de una semana y que además se ajusten a las condiciones que establece el convenio estatal.

En cualquier caso, el Cabildo prosigue con el procedimiento para sustituir esta empresa por la vía de emergencia y, de no atender esta petición, incluirá en las condiciones de adjudicación una cláusula por la que la empresa entrante adelante el día 1 al menos la mitad del primer sueldo para tratar de aliviar la situación que atraviesan los trabajadores.

La previsión era ejecutar la sustitución esta semana, sin embargo, la presentación de una concursal por parte de Seguridad Integral Canaria ha modificado la situación de los contratos y el Cabildo trabaja ahora por resolver la situación en el nuevo marco legal.

El contrato de Seguridad Integral Canaria con el Cabildo vence el próximo mes de junio, pero dada la insostenibilidad de la situación de impagos salariales, trabaja hace semanas en la resolución del contrato al tiempo que planteó ante el Servicio de Intervención la posibilidad de adjudicar el servicio por los meses que restan por la vía de emergencia, un procedimiento extraordinario que fue autorizado. De forma paralela, pondrá en marcha el concurso para la adjudicación definitiva del servicio de seguridad en junio.

Tanto la empresa provisional como la definitiva subrogarán al personal y deberán ajustarse al convenio estatal, subraya el consejero.

Este cambio de empresas en el que trabaja la Institución insular se produce por la preocupación que ha generado el problema en el que están inmersos los trabajadores de Seguridad Integran Canaria, que suman varios meses de impagos salariales, algo que “el Cabildo de Gran Canaria no puede aceptar”, aseveró.

A ello se suma la inseguridad de la propia empresa, que ya ha manifestado que quiere abandonar el sector del servicio de seguridad a terceros, por lo que hace varias semanas que el Cabildo trabaja en la resolución de la situación.