Una vez finalizado el plazo previsto de duración de su contrato, tras veinte (20) años gestionando el servicio municipal de aguas de Santa María de Guía, la empresa Aqualia ha realizado la entrega de las instalaciones del servicio al Ayuntamiento, conforme a las previsiones de su contrato y a la legislación aplicable al mismo, preavisando al Ayuntamiento con dos meses de antelación.

Si bien en el año 2009 ya acordó Aqualia con el Ayuntamiento poner fin anticipadamente al contrato, el acuerdo no surtió efectos al estar condicionado a que el Ayuntamiento licitara de nuevo el contrato y seleccionara un nuevo gestor del servicio, lo que no llevó a efecto en estos 9 años, pues le resultaba mucho más económico no pagar esa deuda, no equilibrar económicamente el servicio, y mantener el contrato obligando a Aqualia a subvencionar y financiar el mismo. Además, en estos 9 años el Ayuntamiento ha dejado de abonar a Aqualia los trabajos y servicios efectivamente realizados durante todo ese periodo, incrementando con ello el déficit patrimonial del contrato.

El citado acuerdo de resolución establecía, entre otras cosas, un periodo de seis (6) meses para que el Ayuntamiento pudiera licitar y adjudicar el servicio, momento en el que se haría efectivo por parte del Ayuntamiento el pago de la correspondiente liquidacióna favor de Aqualia, sin que a fecha de hoy, y a pesar de que Aqualia aceptó ampliar por plazos idénticos el plazo de seis  (6) meses hasta en dos ocasiones, se hayahecho efectiva ni la resolución, ni la liquidación acordada, debido única y exclusivamente, a la inactividad y desidia del Ayuntamiento, que ha tenido nueve (9) años para dar efectivo cumplimiento al mismo, sin que haya realizado las gestiones mínimas necesarias tendentes a cumplir con las obligaciones del acuerdo de resolución.

Por todo lo anterior, consideramos que la única finalidad del Ayuntamiento de Santa María de Guía, ha sido mantener atrapado indefinidamente y sin remedio a Aqualia en una relación contractual deficitaria, plenamente conocida, obligándola a financiar sin límite las necesidades del servicio municipal.