El Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte (PTP-15), impulsado por la Consejería de Política Territorial y Paisaje, coordinada por Inés Miranda, ha recibido hoy el respaldo de la mayoría del Pleno del Cabildo de Gran Canaria, que ha aprobado de forma definitiva esta actuación, con los votos en contra del Partido Popular y de Unidos por Gran Canaria.
El presidente del Gobierno de la Isla, Antonio Morales, ha calificado de “hito histórico” este acuerdo, “porque estamos ante un instrumento absolutamente imprescindible para el desarrollo del norte de Gran Canaria”, una zona por la que el Cabildo está apostando de forma decidida porque, como ha manifestado, “ha sufrido durante décadas un trato desequilibrado por parte de algunas instituciones, que estamos corrigiendo y para lo que este acuerdo es un avance muy importante”.
Este Plan Territorial queda delimitado por los municipios de Arucas, Villa de Moya y Santa María de Guía, y su finalidad es ordenar el área estratégica situada en la costa de Bañaderos, Quintanilla, San Andrés, El Roque y San Felipe, en virtud de sus características naturales o funcionales, para equipamientos costeros, servicios recreativos, náuticos y otros usos de oportunidad, así como residencial y actividades comerciales logísticas.
Su objetivo estratégico es la conservación, restauración o potenciación de los valores naturales y paisajísticos existentes y característicos del lugar, tanto terrestre como marino, así como la recuperación ambiental de toda la zona. Asimismo, el planeamiento habilita equipamientos de ocio, turísticos y de desarrollo, contempla la necesidad de implantar un parque empresarial en el enclave y garantiza la conectividad del lugar por medio de un eje verde estructurante en forma de paseo en el litoral, además de una vía rápida que se ubicará en la parte más cercana a la tierra.
En su intervención en la sesión plenaria, Antonio Morales ha puesto de relieve que “la movilidad forma parte del desarrollo estratégico de un territorio” y la nueva vía que plantea el Plan es totalmente necesaria, “porque hay tramos en los que no se puede circular a más de 50 kilómetros por hora y eso supone falta de incentivos, pérdidas reales para el comercio y para la pequeña y mediana empresa y para la industria local, y riesgo para la ciudadanía en los momentos de necesidad de vías rápidas, por motivos de salud o de cualquier otra razón”.
Asimismo, en la misma propuesta se han votado y aceptado las enmiendas presentadas por los grupos políticos Nueva Canarias, PSOE-PSC y Mixto-Sí Podemos Canarias, y se han rechazado las defendidas por el Partido Popular y por Unidos por Gran Canaria-Coalición Canaria.
Como ha aseverado Morales, este acuerdo “no puede verse empañado por la demagogia o por ponerse al lado de candidatos de organizaciones políticas o por presiones interesadas. Eso es una absoluta irresponsabilidad”, ha sostenido, para después recordar que este plan se empezó a diseñar hace más de 20 años, pero se paralizó por controversias y que ahora se ha logrado aprobar, tras un proceso en el que han participado todos los agentes públicos y privados implicados.
Finalmente, ha aclarado que la Corporación insular no tiene nada que ver con los realojos que podría implicar la aplicación del Plan, ya que la entidad competente en ese ámbito es Costas, y ha explicado que el planeamiento sí contempla esa realidad para señalar que, si eso sucediera, hay bolsas de suelo para que las y los vecinos pudieran ser realojados. “Por tanto, el Cabildo está haciendo un servicio público integral para los municipios y para la ciudadanía”, ha subrayado y ha culminado afirmando que “el Cabildo de Gran Canaria acudirá a los tribunales, si cualquier decisión que se adopte atenta contra las y los vecinos”.
Diez millones para los daños por la tormenta Hermine
En el apartado de ‘Asuntos de Presidencia’, Antonio Morales ha dado cuenta y ha puesto en valor ante el Pleno la actuación que ha desarrollado la Institución insular para hacer frente a los efectos de la tormenta Hermine en las infraestructuras de la Isla. “No hemos tenido que lamentar daños personales, pero sí numerosos daños materiales” ha dicho. De hecho, ha indicado que ya se han abierto 10 de las 13 vías que tuvieron que ser cerradas y que la EDAM de La Aldea, una de las más afectadas, ya ha recuperado su operatividad.
“En estos momentos, se han analizado las necesidades de actuación para despejar los cauces públicos por la vía de emergencia, que supondrán un coste de 4,5 millones de euros, y en las vías, serán de otros cuatro millones”, ha cifrado. “Por tanto, hablamos de un daño del ciclón en el área de Aguas y de Carreteras de unos diez millones de euros que deberemos afrontar, para lo que recurriremos a todas las financiaciones previstas para estos casos”.
No obstante, también ha abundado en los beneficios que ha supuesto este fenómeno climatológico para el territorio insular, entre los que ha destacado la entrada en las presas de la Isla de cerca de tres millones de metros cúbicos de agua. “En estos momentos, tenemos unos 12 hectómetros de metros cúbicos de agua, lo que garantiza la temporada agraria de 2023 y 2024”, ha explicado.
Sentencia absolutoria por la OFGC
Por otro lado, el presidente informó de la resolución del Juzgado de lo Social nº 9 de Las Palmas de Gran Canaria que desestima la demanda por vulneración de derechos fundamentales e indemnización por daños y perjuicios que presentó el anterior gerente de la Fundación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria contra el director de la Orquesta, la Fundación y el presidente insular.
“Durante un largo período de tiempo, la Orquesta ha sido sometida a una intensa campaña de acoso y desprestigio, en medios de comunicación y políticos, que ha producido un daño a la propia orquesta, a la fundación y al Cabildo, con mentiras y medias verdades, que la Justicia ha venido a demostrar que no ha habido acoso laboral ni despido improcedente ni quiebra de derechos fundamentales alguno”, ha concluido Antonio Morales.
Más medios para el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria
Por otro lado, en el transcurso de la sesión, todos los miembros del Pleno han refrendado tres modificaciones de crédito del presupuesto del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria por un importe total de 3.395.648 euros. Unos fondos que se destinarán a la adquisición de tres camiones de bomberos de primera intervención y un vehículo autoescalera, con un coste total de 2.033.000 euros; así como a la compra de uniformes de intervención para el personal operativo, con un presupuesto de 1.254.648 euros, y al suministro de taquillas abiertas para los EPIS de los operarios, al que se destinarán otros 108.000 euros.
Del mismo modo, la mayoría de los miembros del Pleno, con la abstención de Unidos por Gran Canaria-Coalición Canaria, ha aceptado incrementar con 1.308.278 euros los fondos del Plan Estratégico de Subvenciones 2022, que gestiona la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional dirigida por Carmelo Ramírez, para destinarlos a 14 proyectos impulsados por cinco ayuntamientos y ocho entidades.
Otro punto que ha recibido el refrendo unánime del Pleno ha sido la autorización del gasto plurianual de 1.424.199 euros, distribuidos entre los ejercicios 2022 y 2022, propuesto por la Consejería de Hacienda dirigida por Pedro Justo Brito, derivado de la suscripción del Convenio relativo al Entorno Residencial de Rehabilitación Programada del Valle de Jinámar, en el municipio de Telde, en relación con la ejecución de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la Comunidad Autónoma de Canarias, del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, adscrito a la Consejería de Arquitectura y Vivienda.
La Cámara insular también ha apoyado unánimemente la modificación del gasto plurianual generado por la Adenda II del Convenio suscrito por la Corporación insular y la Asociación Insular de Desarrollo Rural de Gran Canaria, para la ejecución en la Isla de la Medida 19 Leader del Plan de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020, relativa a la prórroga del acuerdo suscrito el 15 de abril de 2019 por la Consejería de Gobierno de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, al mando de Miguel Hidalgo, por importe de 1.088.000 euros. El acuerdo adoptado hoy se refiere al gasto plurianual de 544.000 euros, distribuido en el período 2023-2026, a razón de 136.000 euros por ejercicio.
Del mismo modo, ha recibido la conformidad de la mayoría del Pleno una modificación del presupuesto del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), con un crédito extraordinario de 696.219 euros y un suplemento de crédito por otros 3.079.430 euros. Estos fondos se destinarán a financiar la ejecución de obras y la dotación de suministros y a actuaciones prioritarias e imprescindibles en los centros sociosanitarios de mayores y discapacitados, así como a la concesión de subvenciones directas a ayuntamientos para obras de reparación y reposición de instalaciones en plazas residenciales y centros de día. En concreto, se ha pactado incrementar el Plan Estratégico de Subvenciones 2022 del IASS con 486.500 euros, para ayudas a los consistorios de Agüimes, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Ingenio, La Aldea de San Nicolás, Mogán, Moya, San Bartolomé de Tirajana, San Mateo, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana, Santa María de Guía, Telde, Teror, Valsequillo y Valleseco.