La Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria, coordinada por Miguel Hidalgo, ha puesto en marcha todas las medidas legales y administrativas precisas para garantizar la culminación de los trabajos de rehabilitación y del nuevo edificio que albergará la Agencia de Extensión Agraria del Norte y el Juzgado de lo Social de Gáldar, después de que la empresa adjudicataria del proyecto, Ingemont Tecnologías SA, haya paralizado las obras, debido a que atraviesa problemas de tesorería y se halla inmersa en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a nivel nacional.
Así, la Consejería pretende, por una parte, rescindir el contrato firmado con Ingemont Tecnologías SA por incumplimiento y, asimismo, licitar a la mayor brevedad posible un nuevo proyecto, con el fin de culminar el 70% de la obra que no se ha concluido, así como de realizar las tareas de mantenimiento y de seguridad de lo ya construido.
Y es que, a fecha de hoy, 15 de septiembre de 2023, el escenario muestra que se ha ejecutado el 30% del proyecto; el contrato de ejecución de la obra con Ingemont Tecnologías SA se encuentra en proceso de resolución; la ejecución de las actuaciones imprescindibles relativas a la seguridad y conservación hasta el reinicio de los trabajos está en trámite de contratación, y se está redactando el proyecto de finalización de la obra pendiente, imprescindible para volver a licitar los trabajos.
En este contexto, desde el Área insular se pone de relieve que, al igual que ha sucedido con otros contratos de obra pública, este proyecto está sufriendo las consecuencias del alza de precios derivada de la pandemia de la COVID-19 y de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Tanto es así que muchas de las empresas adjudicatarias están renunciando a sus contratos firmados, al no poder asumir los nuevos precios de los materiales, y esto es lo que ha sucedido con esta obra, que se emplaza en la calle Artemi Semidán, 9 de Gáldar.
Los responsables de la Consejería recuerdan que el documento de inicio de estos trabajos se firmó el 17 de junio de 2022 con Ingemont Tecnologías SA, una empresa con central en Sevilla. En ese acuerdo, se estableció que el plazo de entrega definitivo del proyecto era el 17 de septiembre de 2023, pero, el pasado mes de julio, se detectaron anomalías en la ejecución de la obra y, tras constatar que estaba parado y después de mantener diversas reuniones con los responsables en Gran Canaria y a nivel nacional de la compañía, esta reconoció tener problemas de tesorería y haber puesto en marcha un ERTE.
Con esta realidad, y consciente del perjuicio que este retraso ocasiona a las y a los ciudadanos de Gáldar y al sector primario de la zona norte de la Isla, el Área ha iniciado el proceso destinado a solventar este problema y a que las obras puedan reanudarse cuanto antes.
El proyecto, paso a paso
Este proyecto se inició el 21 de febrero de 2022, con la firma del contrato para la dirección facultativa de obra, entre la Consejería y la empresa MI3 Ingenieros Consultores SL, por un importe de 38.000 euros más el IGIC. Posteriormente, el 17 de mayo del mismo año, se rubricó el acuerdo con Ingemont Tecnologías SA para la ejecución de la obra, por 897.235 euros sin el IGIC.
Como ya se indicó anteriormente, el siguiente paso se produjo el 17 junio 2022, con la firma del acta de comprobación y replanteo, con la que arrancó una obra para la que se estipuló un plazo de ejecución 11 meses, que, por tanto, finalizaba el 17 de mayo de este 2023. No obstante, el pasado 15 de febrero, la adjudicataria pidió a la Consejería la ampliación de ese plazo en tres meses y medio más, a lo que el Cabildo accedió y, el 12 de abril de este año, publicó una resolución para incrementarlo en cuatro meses, por lo que la nueva fecha de finalización de la obra quedó fijada en el 17 de septiembre de 2023.
Sin embargo, el pasado mes de julio, la empresa manifestó su incapacidad para ejecutar el contrato, por problemas de Tesorería y, en este escenario, tras varios encuentros a nivel local y nacional, ambas partes acordaron verbalmente que Ingemont Tecnologías SA renunciaría de forma voluntaria a la adjudicación de la obra. A su vez, el coordinador de Seguridad, Salud e Higiene, a petición de la Consejería, emitió un informe con las actuaciones que tienen que acometer en materia de seguridad y conservación de la obra ya ejecutada, mientras esté paralizada.
Finalmente, el pasado 7 de septiembre, ante el silencio y la inacción de la adjudicataria, la empresa responsable de la dirección facultativa de la obra -MI3 Ingenieros Consultores- informó sobre la necesidad de resolver el contrato relativo a este expediente. Ante esto, la Consejería requirió administrativamente a Ingemont Tecnologías SA la reanudación de las obras en un plazo máximo de cinco días desde la recepción de la notificación o se procedería a cancelar el contrato suscrito.