Pero para Sinesia Medina, la política sin votos pero con cargos, el manejo de conceptos jurídicos no es su fuerte. Ya lo hemos sufrido pleno tras pleno a lo largo de la legislatura. Ahora casualmente, a tres meses de las elecciones, toca sacar el juego sucio, y vuelan las denuncias y acusaciones de delitos. Jugar con el honor de las personas, por muy políticos que sean, intentando igualarlos a otros casos de corrupción que nada tienen que ver con Gáldar es, sin duda, no tener altura política suficiente para saber lo que se tiene entre manos, de una cobardía sin precedentes y habla muy mal de la calidad personal de quien encabeza las acusaciones.

Pero la pelea judicial, aunque está totalmente vacía de sentido, tiene un objetivo claro: el desgaste de Teodoro Sosa. Y hasta en eso la estrategia es equivocada: Gáldar no entenderá un ataque tan desproporcionado contra un alcalde que se ha dejado la piel por sacar su Ayuntamiento adelante. Gáldar no es tonta y no caerá en el juego de quien sólo pretende conseguir un nuevo puesto para seguir viviendo de la política cuatro años más, aunque para ello tenga que presentar denuncias sin fondo y armar escándalos de la nada.

Ahora bien, después de saber hasta dónde es capaz de llegar Sinesia Medina en su intento por asaltar el poder, la duda que nos queda es si su atrevimiento es fruto de una profunda ignorancia, de un desconocimiento total del funcionamiento administrativo de un pleno y de un Ayuntamiento, o si por el contrario, es plenamente consciente y actúa intencionadamente por provocar daño personal y político en sus adversarios electorales. Muy pronto, el 23 de febrero, el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Santa María de Guía pondrá los puntos sobre las íes. Estaremos expectantes y será entonces cuando más de una tendrá que dar un buen par de explicaciones. Porque igualmente grave será que sea por ignorancia o por maldad. Quedará demostrado que no es digna de representar a nadie.

Julio Mateo Castillo
Director de galdaraldia.es

Comentarios

  1. El recorrido será el que dictamine el juez una vez haya examinado la documentación y quien tiene que juzgar el fondo de la cuestión, que no es otro que el acuerdo plenario de 26 de Diciembre de 2013. Será el juez quien determine si anula el acuerdo o por el contrario no ve indicios de prevaricación y archiva el caso, o también que lo remita a la vía del Contencioso Administrativo.
    Aquí no se cuestiona, que la descalificación de las 84 Viviendas de Sardina como VPO, es competencia de la Dirección General del Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias, pues claro que sí, porque antes se solicitó la respectiva Calificación Provisional, como viviendas protegidas y según palabras del Alcalde se recibieron unos 300.000,00 €.
    Al parecer de momento no se ha llevado a cabo ningún movimiento al respecto, quizás sea porque hay que devolver la subvención y no se cuenta con ese dinero, porque se lo han gastado. De todas formas nadie acusa a nadie de cometer ningún delito que se sepa. Hay que esperar la decisión del honorable y no adelantar acontecimientos que pueden jugar una mala pasada o quedar en el ridículo más espantoso. De todas formas este articulo me parece muy fuerte.

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