Centro de producción de energía solar sobre la cubierta del polideportivo municipal Juan Vega Mateos.

El Ayuntamiento de Gáldar se verá obligado a pagar unos 12.000 euros tras la entrada en vigor de la nueva reforma energética promovida por el Ministerio de Industria del Gobierno de España. El nuevo impuesto se trata de lo que se conoce como el “peaje de respaldo”, que busca que consumir la electricidad que genera uno mismo sea más caro que comprarla a las compañías eléctricas. Por si fuera poco, quien no lo pague podrá enfrentarse a desorbitadas multas de hasta 60 millones de euros.

Pueden volver a leer el párrafo anterior y asombrase. El nuevo impuesto del gobierno del PP gravará la generación de energía eléctrica a través de otra limpia y gratuita como son los rayos solares. Usted ya no podrá utilizar la energía solar sin pagar previamente al Estado y si no lo hace, podría enfrentarse a una multa millonaria.

Uno de los grandes perjudicados por este nuevo impuesto es el Ayuntamiento de Gáldar, que ha puesto en marcha desde hace casi tres años cuatro plantas solares ubicadas en la piscina municipal, el polideportivo Juan Vega Mateos, el depósito de la Montaña y la nave industrial de propiedad municipal de San Isidro, que en su conjunto generan una potencia de 310 kilovatios y que han colocado a Gáldar en el liderato de la energia fotovoltaica en la isla. La obra se llevó a cabo merced a una inversión de 1,6 millones de euros aportados por la Consejería de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran Canaria, que dirigía Carmelo Ramírez en la pasada legislatura.

Según el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, estas plantas solares han supuesto hasta ahora un auténtico balón de oxígeno para las arcas municipales ya quehan permitido un ahorro de unos 160.000 euros en facturas de luz al añosin que el Ayuntamiento tuviera que invertir ni un solo euro en su construcción e instalación. Sin embargo, ahora el Estado reclama al consistorio una cantidad por la que no existen motivos para imponer gravamen alguno en concepto de “peaje de respaldo”.

Los técnicos estiman que estas plantas ya producen 418.000 kilovatios/hora anuales y han reducido las emisiones de CO2 a la atmósfera en 368.000 kilogramos al año. A pesar de todo, la nueva ley impulsada desde el Ministerio que dirige José Manuel Soria reclama un impuesto por transformar los rayos del astro rey en energía eléctrica limpia para autoconsumo municipal.

Multas desproporcionadas

La nueva reforma energética del Gobierno tendrá muchos efectos colaterales. En el Real Decreto sobre autoconsumo y producción con autoconsumo hecho público se establece que quien tenga una placa solar en su tejado o cualquier otro sistema de producción de electricidad renovable propio deberá registrarse para empezar a pagar el nuevo “peaje de respaldo”. Quien no lo haga podrá ser sancionado hasta con 60 millones de euros.

Es evidente la desproporción de la medida y solo puede responder a la exigencia de las grandes compañías eléctricas, con Iberdrola a la cabeza. La intención es cortar de raíz cualquier posibilidad de autonomía energética de los consumidores, lo que iría en contra de los intereses económicos de Iberdrola y del resto de compañías de UNESA.

18 nuevas plantas aprobadas

El Pleno del Ayuntamiento de Gáldar aprobó en julio de 2011, con los votos favorables de BNR-NC, PSOE, CC y CCN y con la única abstención del PP, la adjudicación a la empresa Gesvolta 21 S.L. de la concesión administrativa para la instalación y explotación de instalaciones solares fotovoltaicas en las cubiertas de edificios y colegios públicos del municipio. Se trata de que plantas similares a las cuatro que ya están funcionando en el municipio se instalen en las cubiertas de edificios como los centros escolares de la localidad y edificios públicos, como el polideportivo de La Montaña, el Centro Cultural Guaires, el Tanatorio Municipal, la Casa de la Juventud y la Escuela de Música, entre otros, hasta un total de 18 plantas. La instalación de estos paneles aportará al municipio en torno a los 290.000 euros de canon inicial y el 5,28% de ingreso de la producción de las plantas que sean instaladas.

La empresa adjudicataria se encargará, por 25 años de concesión, de la explotación de las plantas fotovoltaicas instaladas en dichas cubiertas con las correspondientes obras anexas y con el consiguiente beneficio en cuanto ahorro energético y económico para el municipio y para el Ayuntamiento. Sin embargo, este ambicioso proyecto no se ha podido llevar a cabo debido a la eliminación de las primas a las nuevas instalaciones de energía renovables que impuso el PP en enero de 2012, nada más llegar al poder en el Gobierno Central.

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