Medina acusó al alcalde de posibles ilegalidades que anunció que pondría a disposición del Ministerio Fiscal, aunque finalmente lo retiró para decir que “se lo pensaría”. El alcalde le contestó que él también puede acudir a los juzgados por estas acusaciones gratuitas.

El primer punto del orden del día, tras la aprobación de las actas, fue para la moción presentada por el grupo político PP-UPG, sobre mejoras en el barrio de Hoya de Pineda. La moción, defendida por José Luis González Mateos, propone instar al grupo de gobierno a que emprenda las acciones necesarias con otras administraciones para que los vecinos de Hoya de Pineda vean mejorada su cancha y las necesidades del barrio. CCN y CC se mostraron favorables a la moción, al suponer mejoras para la zona, al igual que el grupo de gobierno. Heriberto Reyes, concejal de Urbanismo, le puntualizó algunos datos erróneos dados por el concejal del Partido Popular y anunció el asfaltado de caminos rurales en Hoya de Pineda, El Sobradillo, El Frontón y el camino hacia Anzo próximamente.

El alcalde, Teodoro Sosa, criticó que los tres miembros del grupo político de PP-UPG no hayan asistido a la comisión informativa, “debe ser que no tienen tiempo”. Además, el alcalde añadió sobre la moción del Partido Popular que incluyen zonas de las medianías, como la ermita de San Antonio de Padua, en Hoya de Pineda, que pertenecen a territorio municipal de Guía. “A pesar de todo -añadió el alcalde- vamos a votar a favor: si hay que poner tres farolas a Guía se las ponemos”. Finalmente, la moción fue aprobada por unanimidad.

El tercer punto en el orden del día fue para la extensión de la prórroga al convenio laboral de las trabajadores municipales galdenses, que se amplia a la espera de las negociaciones para el nuevo convenio colectivo. La oposición anuncia la abstención en este punto. El alcalde explica que se trata de mantener la situación de los trabajadores tal y como está, para que la negociación sea posible y no sea necesaria la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, ya que es un acuerdo de mínimos y sería perjudicial para los empleados. La moción, defendida por la edil de Economía y Hacienda, fue aprobada con los votos a favor del grupo de gobierno y la abstención de la oposición.

El cuarto punto abordó la prórroga de la suspensión de los artículos 39, 40, 41 y 43, por causas económicas, conforme a lo previsto en el artículo 32 del EBEP. La edil Eva Martínez vuelve a explicar la moción, al tratarse de un mero trámite para dar cumplimiento al artículo 32 del Estatuto Básico del Empleado Público. La oposición, al igual que en la prórroga del convenio, se abstuvo. El alcalde explicó los motivos de esta suspensión: acabar con premios a los trabajadores, como en caso de jubilación, invalidez, etc. que cuestan miles de euros a los galdenses. Teodoro Sosa citó el ejemplo de un trabajador de 2004 que consiguió sentencia judicial favorable que obliga al Ayuntamiento a pagarle 90.000 euros por invalidez permanente. El alcalde calificó este hecho de “inasumible” por parte de una administración local como es el Ayuntamiento de Gáldar. “Ninguna empresa ni ningún Ayuntamiento lo hace, porque sale del bolsillo de todos los ciudadanos, y el Ayuntamiento no puede pagar las becas de los hijos de los trabajadores, es evidente”, cerró el alcalde.

Ya en el quinto punto, el Ayuntamiento-Pleno abordó la modificación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Gáldar y la empresa municipal Galobra SAU para la promoción de viviendas de protección oficial, en los términos ya avanzados en días pasados por galdaraldia.es. Coalición Canaria habla de numerosas irregularidades en la propuesta del grupo de gobierno e incluso en el informe de Secretaría, por lo que votó en contra, y además amenaza con poner el asunto a disposición del Ministerio Fiscal en caso de que sea aprobada. Aladino Suárez, portavoz de PP-UPG, comentó las reticencias que personalmente ya veía desde 2008 para la construcción: “no era el momento ni el lugar”, por lo que anuncian también su voto desfavorable. La concejal presidenta del Consejo de Administración de Galobra, Eva Martínez, contestó a las supuestas irregularidades expuestas por Coalición Canaria con un informe de Secretaría que permite, en base al principio de buena administración, la modificación del convenio con la empresa municipal.

El alcalde, Teodoro Sosa, explicó nuevamente la situación difícil de los candidatos a adquirir las VPO, que precisamente por su limitación de renta no pueden acceder a financiación hipotecaria y les es imposible acceder a la vivienda. El alcalde leyó el informe íntegro de la secretaria municipal que deja totalmente claro que es legalmente posible la modificación del convenio, al respetar el objetivo inicial de esta política pública, cuyo deber de promover la vivienda pública reconoce incluso la propia Constitución. “No tire la piedra y esconda la mano: vaya al juzgado y aporte el informe de secretaría del Ayuntamiento, que es el primero que tiene que aportar”, cerró el alcalde.

Para cerrar el pleno, se debatieron las propuestas galdenses a Premios Canarias, que se aprobaron por unanimidad. Tras ello, se dió cuenta al pleno de los asuntos de Presidencia y se escucharon los ruegos y preguntas.