Según se refirió el alcalde, esto se debe a la saturación que presentaba la oficina del catastro en Las Palmas, donde los expedientes de alta apenas avanzaban. Para acabar con esta situación, una empresa externa contratada por el Ministerio de Hacienda dará de alta a todas las viviendas que no se habían registrado en el catastro y que, por tanto, no estaban pagando el IBI.

Según los datos aportados por el director del Catastro al Ayuntamiento se detectaron en Gáldar 2523 incidencias por omisión total de la construcción; 3166 por omisión de alguna construcción, es decir, viviendas que pagan por su primera planta pero no por las ampliaciones realizadas; parcelas mal referenciadas o mal cartografiadas y así hasta 8202 incidencias. Incluso fueron detectadas 88 piscinas y 300 balsas de riego que tampoco estaban registradas, lo que suponía un fraude de miles de euros al año.

De hecho, el Ministerio va a reclamar a los propietarios de estas construcciones el pago del impuesto de los últimos cuatro años, penalizando incluso con multas que oscilan entre los 600 y 6000 euros a quienes no acudan a las oficinas a registrarse. Teodoro Sosa aseguró que va a luchar para que Valora les de facilidades de pago a estas personas, ya que lo que interesa no es que paguen lo atrasado, sino que comiencen a pagar una vez han sido detectados.

Gracias a esta detección y su posterior inclusión en el catastro, el consistorio pudo aprobar este jueves una congelación de la subida del IBI que preveía hasta 2022 el Plan de Ajuste exigido por el Ministerio de Hacienda. Se trata, según afirmó el alcalde, «que se sumen quienes no estaban pagando y no de seguir castigando con subidas a quienes desde siempre han estado al día para cumplir con el aumento de recaudación por el IBI que exige Madrid», aseguró.