Al frente de esta concentración, el alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa Monzón; la primera teniente alcalde y concejala del área, Encarnación Ruiz Alonso, concejales, técnicos y trabajadores del citado departamento así como personas afectadas por el retraso y los incumplimientos en el pago de esta ayuda vital para muchas familias.

La concejala de Servicios Sociales, Encarnación Ruiz explicó tras la lectura del manifiesto el apoyo del ayuntamiento a todas las exigencias leídas en el texto remitido por el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y AA.SS. para que las modificaciones a la Ley que regula la Prestación Canaria de Inserción incluya aquellas que hagan posible mejorar las condiciones de acceso, pero sobre todo la aplicación y cobertura de esta ley.

“Aunque el ayuntamiento no va desamparar a las familias que en estos momentos están padeciendo la tardanza en el pago de esta prestación, a través de las ayudas de emergencia social, sí exigimos que se cumpla digna y eficientemente atendiendo las necesidades de las personas que necesitan esta prestación”.

El ayuntamiento de Gáldar y los Profesionales de los Servicios Sociales han apoyado y se suman al manifiesto en el que entre sus exigencias se solicita simplificar de forma generalizada los procedimientos y acortar los tiempos de resolución a menos de 5 meses, con medidas tendentes a reducir el proceso burocrático y la mejora de la aplicación informática empleada para la tramitación y gestión de la PCI.

Y sobre todo consideran fundamental consolidar fórmulas de financiación estable y suficiente entre las distintas administraciones responsables, contando con el criterio técnico a la hora de prever las necesidades presupuestarias anuales, que posibilite tanto el acceso a esta prestación a toda persona que se encuentra en situación de exclusión social en Canarias, como el aumento de los importes a percibir, para lograr que las personas no continúen estando por debajo del umbral de la pobreza.

MANIFIESTO ANTE LA FUTURA MODIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN

Ante la próxima aprobación de una nueva normativa que modificará la actual Ley 1/2007, del 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, tenemos decir que:

a) La inclusión social requiere además de cambios normativos la voluntad de todas las instituciones para trabajar desde la coordinación , la colaboración y el apoyo mutuo contra las situaciones de exclusión social desde políticas activas de promoción que luchen por la igualdad de oportunidades, y no desde políticas tendentes a la beneficencia y el asistencialismo.

b) La nueva Ley debe incluir de forma directa a todos y cada uno de los colectivos en situación de exclusión social.

c) Es posible simplificar de forma generalizada los procedimientos y acortar los tiempos de resolución a menos de 5 meses, con medidas tendentes a reducir el proceso burocrático y la mejora de la aplicación informática empleada para la tramitación y gestión de la PCI.

d) Es necesario priorizar en los Planes de Actividades de Inserción los intereses, las necesidades y potencialidades reales de las personas atendiendo a todas sus dimensiones (personal, familiar, social, laboral…). Para ello es imprescindible que se dote al sistema del personal, recursos y servicios necesarios como que se garantice el acceso normalizados a los mismos.

e) Es posible establecer espacios permanentes de coordinación, abiertos para los distintos recursos implicados en las medidas de integración (consejerías de empleo, educación, sanidad, igualdad, etc.).

f) Es necesario mantener estructuras existentes dentro de la Ley como son Comisión Técnica de Coordinación y la Comisión de Seguimiento asumiendo y ejecutando las competencias que actualmente tienen establecidas.

g) Es imprescindible revisar y reforzar la ratio de profesionales necesarios, según población afectada, avanzando en fórmulas de colaboración técnica y económica entre las distintas administraciones responsables, que permitan la incorporación inmediata de personal suficiente para la gestión de la prestación y los procesos intervención necesarios con las personas usuarias, tanto en la Dirección General de Política Social como en los Servicios Sociales Municipales.

h) Hay que garantizar la estabilidad del personal contratado por parte de la Dirección General de Política Social y de los Ayuntamientos para la aplicación de la PCI, respetando de este modo: los procesos de intervención social con las personas usuarias, la ética profesional y filosofía de la propia ley.

i) Es fundamental consolidar fórmulas de financiación estable y suficiente entre las distintas administraciones responsables, contando con el criterio técnico a la hora de prever las necesidades presupuestarias anuales, que posibilite tanto el acceso a esta prestación a toda persona que se encuentra en situación de exclusión social en Canarias, como el aumento de los importes a percibir, para lograr que las personas no continúen estando por debajo del umbral de la pobreza.

Por ello alzamos nuestra voz para decir “NO NOS DEN LA ESPALDA”, y pongan la voluntad y los medios para una Prestación Canaria de Inserción digna y eficaz.