El Juez destaca en su auto la testificación de la secretaria municipal, Candelaria Guerra Pulido, máxima responsable de los servicios jurídicos municipales, quien afirmó que el acuerdo plenario denunciado consistió en únicamente autorizar a la empresa Galobra a que solicitara al Instituto Canario de Vivienda la desclasificación de las 84 viviendas construidas por la empresa municipal en Sardina, siendo el instituto dependiente del Gobierno de Canarias «el único competente para pronunciarse sobre los hechos, y el que debe resolver conforme a derecho».

Según el Juez, no consta en las actuaciones documento o indicio alguno del que pueda desprenderse que a dichas viviendas se le va a dar el uso final que alegó Sinesia Medina al interponer la denuncia.

Por último, el Juez del caso considera que al tratarse los hechos de una simple votación de autorización, no resulta posible considerar estos hechos como delito penal.

En rueda de prensa celebrada el pasado viernes al conocerse la solicitud de la fiscal de archivar el caso, Teodoro Sosa se preguntaba «¿dónde estaba la maldad en este acuerdo?», quien no entiende como, sin embargo, la concejala de CC Sinesia Ramos no satisfecha con un nuevo informe favorable de la secretaria del ayuntamiento a su recurso de reposición, ni tampoco con el hecho de que la Delegación del Gobierno ni el Gobierno de Canarias contestaran favorablemente a este acuerdo plenario diciendo que se pueden desclasificar esas viviendas, va y “nos acusa en el juzgado de prevaricación y malversación de caudal público”.

Para Teodoro Sosa esta denuncia ha sido utilizada en los mítines de esta campaña por los cabezas de lista de CC y el PP y «están diciendo que somos delincuentes, por lo que después de que pasen estas elecciones habrá que ver el perjuicio económico de esta denuncia falsa y de estas acusaciones».

El quebranto económico por esta denuncia de Sinesia Medina ha sido considerable, matizó Teodoro Sosa, “porque a día de hoy se han perdido las subvenciones para aquellas personas que hubieran adquirido estas viviendas en régimen de alquiler, por haberse vencido el plazo. También “tendremos que pagar intereses de demora a la empresa constructora por estos meses de demora, los costes de guarda y custodia de la obra ya acabada; la renuncia de muchos compradores por la incertidumbre de este juicio; clientes potenciales perdidos; y lo más grave, el retraso en la entrega de viviendas que ya están listas para ser habitadas”.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, nada más conocer la noticia ha mostrado su satisfacción al prevalecer la verdad y honradez, y afrontará la recta final de la campaña electoral con la satisfacción de que la Justicia les ha dado la razón al probarse que no existió actuación delictiva alguna.