La concejal de Hacienda, Valeria Guerra, fue la encargada de exponer al Pleno la propuesta de acuerdo de reducción del IBI para el próximo año, fijando el tipo de gravamen en el 0,60% en lugar del 0,62% actual. La edil especificó que el nuevo tipo aprobado es el mínimo que permite el Ministerio de Hacienda para municipios con una ponencia de valores con una antigüedad anterior al año 2002, como es el caso del municipio de Gáldar.

La reducción del impuesto cuenta con informe favorable del interventor, ya que el principio de estabilidad presupuestaria prevalece al haberse aumentado los ingresos corrientes y la actualización catastral que ha llevado a cabo el Ministerio de Hacienda recientemente en el municipio.

Por su parte, el alcalde, Teodoro Sosa, aseguró que «hoy se desmonta la historia a quienes llevan tiempo diciendo que solo se suben los impuestos» y recordó que el año pasado ya se paralizó la subida que exigía el Plan de Ajuste para 2015 y este año se reduce. Además, Sosa mostró su deseo de que las elecciones generales del próximo mes de noviembre resulte elegido un gobierno «más sensible» con los ciudadanos y que permita reducir el tipo de gravamen por debajo del que se aprobaba hoy.

En relación a la regularización catastral que está llevando a cabo el Ministerio de Hacienda en el municipio, el grupo de gobierno presentó una moción de urgencia -que contó con el apoyo de todos los grupos políticos- para que la Dirección General del Catastro en Las Palmas subsane de la forma más inmediata posible todos los errores detectados en el desarrollo de la regularización catastral llevada a cabo en el municipio de Gáldar, de forma que no suponga un sobrecoste para los ciudadanos ni se alargue exageradamente en el tiempo.

Así lo explicó el portavoz del BNR-NC, Julio Mateo Castillo, quien además detalló que en esta moción se solicita que se dediquen todos los recursos oportunos por parte de dichas Administraciones para que la regularización catastral se lleve a cabo de forma correcta, garantizando la eficacia y eficiencia del proceso, y minimizando los múltiples errores actualmente detectados.

El Pleno contó también con una de las ya habituales trifulcas entre el portavoz del PP, José Luis González, y el ahora portavoz de Unidos por Gran Canaria, Aladino Suárez. Esta vez, la bronca vino motivada por el reparto de representantes del grupo mixto en las distintas comisiones, que fue realizado de oficio por la secretaria municipal al no haberse llegado a un acuerdo entre los tres miembros que conforman dicho grupo en el mes de mandato. Suárez consideró lesivo para sus intereses el acuerdo propuesto ya que, por proporcionalidad, quedaba fuera de prácticamente todas las comisiones. Por su parte, González aseguró que su antiguo portavoz no «había querido sentarse a negociar». Finalmente, el reparto fue aprobado únicamente con los dos votos a favor del PP, el voto en contra de Unidos por Gran Canaria y la abstención del resto de fuerzas políticas.

Por la vía de urgencia fue presentada también por el grupo de gobierno una moción para establecer el sistema de control a través de la huella digital para el personal municipal. Esta propuesta contó con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas y mañana se consensuará su uso con los sindicatos en una reunión ya convocada.