Por este motivo, sus responsables, Ornella Chacón, Antonio Morales y Juan Ramón Martín, mostraron su satisfacción por la unión de las tres administraciones en beneficio de la ciudadanía tras mantener un encuentro con sus respectivos equipos.

Para ello, firmarán un convenio que contempla tres aspectos, el primero relacionado con las incidencias de las obras, que previsiblemente comenzarán el próximo año y se extenderán de cuatro a seis, por lo que el consistorio trabajará con los propietarios de los terrenos y el Consejo Insular de Aguas para garantizar un acceso provisional para los camiones que no afecte a la población.

Asimismo, una vez en funcionamiento la nueva infraestructura, el acceso al puerto será a través de una vía alternativa a la red municipal para que tampoco afecte a la vida cotidiana del municipio. 

En segundo lugar, explicó la consejera de Obras Públicas del Gobierno canario, crearán una mesa de trabajo que analizará las soluciones a la GC-2 para que el ejecutivo las incluya en sus convenios, financiar las obras y ejecutarlas antes del aumento de tráfico que conllevará la apertura del puerto. 

“No podemos diseñar propuestas de infraestructuras estratégicas y generar problemas en cadena, por tanto hemos decidido actuar en todos los aspectos, cada uno en su competencia”, coincidió el presidente insular.

Finalmente, el Gobierno se compromete a eliminar el actual espigón, necesario hasta que culminen las obras. Chacón explicó que este aspecto y la construcción de la segunda rampa quedó a mejora de las contratas, pero si una vez abiertos los sobres no está contemplado, el Ejecutivo lo asumirá igualmente, de modo que el actual puerto y su “envidiable entorno” quede para uso pesquero, deportivo y turístico.