Así lo manifestó durante el encuentro que sostuvo con los concejales de Educación de los municipios de Gran Canaria para desarrollar el programa de ayudas a las escuelas municipales de música y las universidades populares, así como las acciones contra el acoso escolar, además de recoger precisamente las distintas necesidades en materia de infraestructuras educativas.
“Esta demanda histórica de infraestructuras que necesita urgentemente la isla de Gran Canaria se la trasladaría a la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, si se dignase a reunirse conmigo», declaró el consejero insular al término del encuentro, quien apostó por una coordinación eficiente y eficaz no solamente entre Cabildo y municipios «que ya existe y que funciona relativamente bien» sino, sobre todo, dado el marco competencial, «entre los cabildos y el Gobierno regional».
El encuentro con los concejales de educación tuvo como objetivo principal explicar y debatir la convocatoria de subvenciones que el Cabildo ha puesto a disposición de los ayuntamientos para el desarrollo de las universidades populares y escuelas de música. Es la primera vez que el Cabildo establece ayudas para los municipios destinadas a afianzar las universidades populares y las escuelas de música y arte conjuntamente, toda vez que la situación económica por la que atraviesan la mayoría de los ayuntamientos de la isla ha puesto en peligro la continuidad de muchas de estas instituciones educativas.
«Estamos incorporando importantes líneas de actuación pensando, por un lado, en ser útiles a la comunidad educativa y, por el otro, servir de utilidad también a los ayuntamientos. Creemos que el Cabildo, al igual que los ayuntamientos, debe ser un agente educador, y eso se traduce en que dentro del marco competencial, hasta donde podamos llegar, hay que tratar de implicarse todo lo posible», aseguró.
Del mismo modo, la reunión con los responsables municipales sirvió para avanzar en las distintas iniciativas destinadas a luchar contra el acoso escolar, cuestión incluida en el punto 279 del programa del pacto de Gobierno insular.
Montero mostró su absoluta disposición a buscar vías de colaboración con los ayuntamientos para tratar de paliar una situación que afecta a dos de cada 25 menores, según datos del Ministerio de Educación. El 70% de los afectados sufre maltrato y persecución todos los días, lo cual afecta al rendimiento escolar, la autoestima, el correcto desarrollo del menor y, en ciertos casos, puede llegar incluso a tener consecuencias funestas. Durante el pasado año 2015, las denuncias por este tipo de acoso aumentaron en un 75% en todo el país.