La Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias invertirá más de 2,5 millones de euros para sellar y reacondicionar los dos vertederos ilegales localizados en el municipio de Gáldar, como son el de Cueva Lapa-Costa Botija y Montaña de Amagro, que ocupan una superficie total de 53 hectáreas de terreno en la costa de Gáldar. Ambos vertederos se originaron en los años 80, cuando no existían plantas de tratamiento de residuos en la isla, y aún hoy crecen de manera incontrolada debido a la falta de conciencia cívica de algunos vecinos.

Estos trabajos responden a las exigencias de la Unión Europea, que ha advertido a la comunidad autónoma con la imposición de severas multas de no acabar con los 19 vertederos ilegales que existen en toda Canarias. Para acabar con los de Gáldar, la Dirección General de Protección de la Naturaleza y el Ayuntamiento han venido trabajando conjuntamente para acelerar todos los trámites legales para comenzar con los trabajos.

Así, el Boletín Oficial de Canarias publicó el pasado mes de noviembre la resolución de 16 de marzo de 2016 de la Viceconsejería de Medio Ambiente por la que se exime del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto de ejecución de las obras de clausura y restauración del antiguo vertedero de Montaña de Amagro. Se trata de un paso previo a que el Gobierno canario, a través de la empresa pública GESPLAN, pueda comenzar las obras de sellado y restauración de este paraje natural de la costa galdense.

Este anuncio se lleva a cabo al considerarse que las medidas incluidas en el proyecto son compatibles con la conservación de los recursos objeto de protección, todo ello conforme a lo señalado en la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales tal y como recoge el informe del Cabildo de Gran Canaria.

Previamente, el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Gáldar (BNR-NC) llevó al Pleno ordinario del pasado mes de enero de 2016 una moción en la que se aprobó por unanimidad la puesta a disposición del Gobierno de Canarias los terrenos que serán objeto de actuación, para la ejecución de obras de restauración.

Según explicó el edil de Urbanismo, Heriberto Reyes, con la aprobación de la moción se ponía a disposición de la consejería de Política Territorial y Sostenibilidad un terreno de 92.666 m2 afectados por el antiguo vertedero, para proceder a su sellado y rehabilitación definitiva.

El proyecto, que estaba previsto que comenzara a ejecutarse en 2016, ha sido redactado por la empresa pública Gesplan y contará con un presupuesto de 2,6 millones de euros procedentes de fondos europeos. En el citado proyecto, que señala la existencia aún aproximadamente de 258.000 toneladas de residuos en el vertedero, se plantean una serie de acciones que acaben definitivamente con este grave problema medioambiental.

Para ello, las obras comenzarán con la retirada aproximada de 2.800 m3 de residuos, además del movimiento aproximado de 48.000 m3 de tierras y piedras. Se procederá también al acopio aproximado de 45.000 m3 de tierras y piedras excedentes para su uso en otras obras y a la demolición de las construcciones existentes, relacionadas con la antigua actividad del vertedero. Por último, se eliminarán las pistas y caminos no previstos en las Normas de Conservación y se procederá a la delimitación de los dos lados del camino que atraviesa el vertedero, a fin de evitar nuevos vertidos ilegales.

El alcalde del municipio, Teodoro Sosa, aseguró que con esta cesión se estaban arreglando “problemas históricos” del municipio, ya que lo que se planeó en su momento como una planta de reciclaje de la Mancomunidad acabó siendo un vertedero ilegal a finales de los años 80 y aún hoy hay quien vierte basura de manera incontrolada en la zona, a pesar de existir un punto limpio comarcal en Santa María de Guía. La intención del Ayuntamiento y del propio Gobierno, aseguró, es sellarlo y restaurar toda la zona, con el beneficio medioambiental que ello conlleva.

Se tiene previsto también la retirada previa de las especies vegetales endémicas existentes que pudieran verse afectadas por los movimientos de tierras, y su replantación en zonas seguras del área, además de la repoblación del entorno una vez concluyan los trabajos con especies indicadas en las Normas de Conservación, con su mantenimiento correspondiente durante dos años, incluido el riego y labores culturales y por último la instalación de piezómetros para controlar posible existencia de metano y lixiviados.

Este plan comprende también la ejecución de los proyectos de sellado y restauración de los vertederos incontrolados de Montaña del Tesoro (El Hierro), por importe de 1.680.000 euros; Tiscamanita (Fuerteventura), por 300.000; Faro de Orchilla (El Hierro), por 401.000 euros, así como la segunda fase del Barranco de Butihondo (Fuerteventura) y Arure (El Hierro) por un importe conjunto superior a los 2.383.000 euros, y el Complejo de Zurita (Fuerteventura), por cerca de cinco millones de euros.

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