Más de 8.500 autónomos y micropymes de la Isla han presentado su solicitud para acogerse a la subvención del Cabildo de Gran Canaria para afrontar el impacto económico de la Covid-19, ayuda que tramita la Cámara de Comercio tras el acuerdo con la Institución insular para agilizar su gestión en un proceso para el que se ha contratado a 25 profesionales dedicados en exclusiva a esta labor desde finales de julio.
El plazo para solicitar la ayuda finaliza este lunes 24 de agosto y hasta la fecha la Cámara ha verificado 5.800 expedientes y ha solicitado documentación complementaria en otros 2.700 casos. Los solicitantes que tengan derecho al pago empezarán a recibir la ayuda del Cabildo en septiembre hasta la liquidación de todos los fondos.
Esta línea de ayudas del Cabildo de Gran Canaria tiene un crédito de 11,5 millones de euros en pagos únicos de 1.000 euros por beneficiario y está dirigida a aquellas personas o microentidades que hayan visto suspendida su actividad económica o bien hayan sufrido una reducción de al menos el 40 por ciento de su facturación durante el mes de abril como consecuencia de la aplicación del estado de alarma.
Las personas físicas tienen que tener, entre otros requisitos, una base imponible en la declaración de la renta igual o inferior a 50.000 euros. Para las microempresas, que son aquellas que no superan los 10 trabajadores, el volumen de negocios anual debe ser igual o inferior a 500.000 euros.
La Cámara entregará los fondos de acuerdo con los criterios establecidos por el Cabildo en las bases reguladoras de la subvenciones. Para ello ha dispuesto en su sede electrónica de un apartado destinado exclusivamente a la tramitación de las subvenciones que permite presentar la solicitud y toda la documentación requerida.
Además, el ente cameral ordenará por riguroso orden de entrada todas las solicitudes, comprobará que cumplen con los requisitos, y hará una propuesta al Servicio de Industria y Comercio del Cabildo que, en última instancia, será el que resuelva la concesión de la subvención, comunicándole el listado definitivo a la entidad colaboradora para que lo publique en su sede electrónica.