La concejal de Coalición Canaria en Gáldar, Sinesia Medina, pide además que el Ayuntamiento solicite la devolución del dinero a los abogados encargados de la defensa de los intereses municipales en ese pleito. La edil quiere abrir el debate en el próximo pleno con el comunicado que había enviado UGT para eclipsar la sentencia del TSJC favorable al ERE.
Medina no recuerda en su moción la cantidad de sentencias favorables que ha recibido la gestión del grupo de gobierno de Teodoro Sosa en el Ayuntamiento de Gáldar. Tampoco recuerda la cantidad de expedientes de regulación de empleo firmados por ella cuando ostentaba el cargo de directora general de empleo del Gobierno de Canarias. Y también obvia la desastrosa gestión de su propio partido ante situaciones muy similares a la del Ayuntamiento de Gáldar.
Lluvia de sentencias a favor del grupo de gobierno
El mismo equipo jurídico que critica Coalición Canaria en su moción, pidiendole la devolución de los honorarios, ha permitido al Ayuntamiento de Gáldar una reducción histórica de su plantilla, y por consiguiente, una reducción importante del gasto en los mismos términos. Las pretensiones del grupo de gobierno se han aceptado prácticamente todas por los tribunales.
El 9 de octubre de 2012, el Consejo Consultivo de Canarias determinaba que el pacto-acuerdo de los funcionarios galdenses no se ajustaba a Derecho, y mediante una resolución preceptiva y vinculante declaraba nulos los artículos de este acuerdo referidos a la jornada laboral, vacaciones anuales, permisos y premios por antigüedad, pluses y créditos de horas sindicales.
Los juzgados dieron también plena validez al primer ERE en el Ayuntamiento de Gáldar, el 19 de noviembre de 2012, autorizando la suspensión durante 6 meses del contrato de 87 trabajadores junto con 17 prejubilaciones.
Por otro lado, el 15 de diciembre de 2012, el TSJC ratificaba también la anulación del artículo 21 del Convenio Colectivo de los laborales del Ayuntamiento de Gáldar, determinando que por parte de los sindicatos se había querido establecer un mecanismo para mantener a los trabajadores laborales como indefinidos, algo que fue calificado en la propia sentencia del Supremo y del TSJC como “blindaje ilegal”.
Ya en 2013, el 16 de enero, el TSJC avala también el ERE extintivo del Ayuntamiento de Gáldar. La sentencia acreditó la insuficiencia presupuestaria del Ayuntamiento de Gáldar para mantener una plantilla de casi 600 trabajadores. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias autorizó así el despido colectivo por causas económicas de 51 trabajadores en el mes de mayo de 2012, aunque de estos un tercio ya había aceptado el despido a cambio de una indemnización mejorada de 30 días por año trabajado, en lugar de los 20 días fijados en la reforma laboral del gobierno del Partido Popular.
La sentencia reconocía cómo el Ayuntamiento había acreditado su insuficiencia presupuestaria “cuando menos durante los ejercicios de 2010 y 2011, es decir, durante más de tres trimestres consecutivos, y cuya insuficiencia es a todas luces sobrevenida porque cuando contrató a los trabajadores su situación económica era favorable, hasta el punto de que llegó a negociarse no sólo su fijeza sino también su posible funcionarización”.
Por último, hace tan sólo una semana conocíamos la sentencia del TSJC que faltaba, la del primer Expediente de Regulación de Empleo, que viene a ratificar la sentencia que el Juzgado de lo Social nº7 de Las Palmas de G.C. había dictado el 19 de noviembre de 2012.
Sentencias a Coalición Canaria
Sin embargo, no le ha ido tan bien a la gestión realizada por Coalición Canaria en otros municipios. En La Oliva (Fuerteventura) donde es alcaldesa la ex-presidenta del partido, Claudina Morales, la Sala de lo Social del TSJC declaró la nulidad del ERE presentado por el Ayuntamiento y condenó al Consistorio a la readmisión de los 46 trabajadores afectados.
La sentencia entendía que estos despidos incurrían en “fraude, deslealtad y abuso de derecho” por parte del Consistorio majorero y que no existía una causa de insuficiencia presupuestaria como la que alegó la institución gobernada por Coalición Canaria.
Por otro lado, en Telde, donde gobierna Coalición Canaria junto con el Partido Popular y CIUCA, también han sido varios los despidos colectivos y de trabajadores de servicios públicos esenciales como las guarderías municipales, que en Gáldar se ha respetado íntegramente, al igual que la residencia de mayores.
Sinesia Medina y los despidos
Entre los numerosos cargos públicos que ha ostentado, Sinesia Medina fue nombrada en octubre de 2010 directora general de Trabajo del Gobierno de Canarias, cargo entre cuyas funciones tenía la de autorizar numerosos expedientes de regulación de empleo. En concreto, desde su cargo autorizó y firmó expedientes de regulación de empleo a importantes empresas del Norte de la isla.
Además, Medina siempre ha estado vinculada a la política y al vivir de un sueldo público, pero muchas veces sin ser designada electoralmente sino a dedo por su propio partido. En el año 2005, María del Mar Julios la nombra Jefa de Gabinete dentro de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, puesto que ocupó hasta 2007, cuando volvió a ser designada por el gobierno autonómico de Coalición Canaria como directora general de Consumo.
En septiembre de 2011, el pacto PP-CC, justo antes de romperse en el Cabildo de Gran Canaria, la nombra consejera no electa de Empleo, en sustitución de su compañero de partido Fernando Bañolas, y sólo dura un mes. En octubre la cesan para nombrar a Matías Campos (CCN) en su lugar.
En Gáldar ya lo ha intentado varias veces. Fue la candidata de Coalición Canaria a la alcaldía en las elecciones municipales de 2007, donde no obtuvo representación. En 2011 obtuvo tres concejales.
Ahora, Sinesia Medina pedirá en el próximo pleno ordinario la dimisión del alcalde, Teodoro Sosa, por una única sentencia desfavorable. La edil obviará toda la información expuesta en este artículo para lanzarse a la piscina sin valorar las sentencias favorables, los números positivos que ya muestra el consistorio galdense, y su historial político y el de su partido.