La Ley sanciona como «infracción grave el uso de cualesquiera clase de armas de fuego reglamentarias, con omisión de o insuficiencia de las preceptivas medidas de seguridad para garantizar la seguridad de las personas y las cosas, llevando aparejado diversas medidas como una multa económica —desde 300 a 6.000 euros—, la retirada de las armas y municiones objeto de la infracción, así como de las guías de pertenencia correspondientes a las mismas, desde seis meses y un día hasta dos años de duración», explica la Guardia Civil a través de un comunicado.

Entre las medidas de seguridad está precisamente el que «nunca dispare al aire», pues «los proyectiles abandonan el cañón a velocidades que oscilan entre los 280 y los 1.000 metros por segundo, dependiendo de cada arma, y realizan posteriormente una trayectoria curva; tras alcanzar su altura máxima, la velocidad de caída de los proyectiles se incrementa, por lo que son un peligro más que evidente para las personas, animales o cosas que se puedan encontrar en su zona de caída».