El Pleno del Ayuntamiento de Gáldar aprobó ayer por unanimidad el acuerdo con la entidad concesionaria que presta el servicio del agua en el municipio, Aqualia, por el cual esta empresa desiste de los procedimientos judiciales entablados contra el Ayuntamiento, en reclamación de subvenciones por el déficit del servicio, y la Entidad Local desiste del rescate, archivando el expediente. Con este acuerdo “ganamos las dos partes, explicó el alcalde, Teodoro Sosa, porque habrá un nuevo marco para los próximos 13 años de gestión que restan, con mayor eficiencia y eficacia del servicio al ciudadano”. Se ha conseguido que el contrato y el pliego del contrato siga en vigor, “las reglas de juego con las que a partir de ahora vamos a regirnos y esa es la gran victoriadel pueblo”.

Sosa explicó que la empresa debe mejorar el servicio, esa es la clave, “si no, esta lucha no ha servido de nada, y para ello, anunció que en los años que quedan de gestión se invertirá en mejorar la red para reducir sus pérdidas, hacerlas más optimas y mejorar el servicio. Y un compromiso: la creación de la figura de un director técnico que lo prestará el Ayuntamiento de Gáldar para vigilar y mejorar el servicio, dando cercanía en las quejas y derechos del ciudadano.

Teodoro Sosa, ha valorado positivamente los términos del acuerdo dado que, aun siendo cierto que concurrían los requisitos legalmente exigidos para acordar el rescate de la concesión, también lo es que además de las cantidades ya reclamadas judicialmente por Aqualia, 7.022.546,83 euros, habría que sumar la indemnización que con motivo del rescate debía percibir la concesionaria, por un valor mínimo estimado de 5.688.421,30 euros;  de tal forma que, al no haber acuerdo sobre dichos importes, en el futuro se podrían dictar pronunciamientos judiciales con obligación de pago a cargo del Ayuntamiento que pondrían en serio riesgo la estabilidad de la hacienda local.

“Me siento hoy con una sensación agridulce, explicó el alcalde en su intervención, porque por un lado pueda parecer una derrota personal, ya que hemos luchado de una forma muy intensa para seguir adelante con el rescate del servicio, pero también creo que hay una victoria general porque lo que se ha decidido hoy, el acuerdo con Aqualia, no hipoteca las arcas del consistorio”.

Y es que asumir esa cuantía daría al traste, entre otros, con el plan de ajuste aprobado, las medidas de esfuerzo de contención del gasto y el esfuerzo en la reducción del endeudamiento hasta la mitad que se ha venido consiguiendo estos últimos años, explicó Sosa, quien dijo volveríamos a la casilla de partida. 

La concejala de Hacienda y primera teniente alcalde, Valeria Guerra,  fue contundente en la exposición de los motivos y en la propuesta de acuerdo, centrándose en losmomentos claves del expediente: principalmente, el motivo que llevó al Ayuntamiento a pedir el rescate, y fue que la concesionaria desde 2014 no deja de reclamar de forma reiterada los desequilibrios económicos que tiene en base a la cuenta de resultados, un criterio que no estaba dentro del contrato;  cuantías que no podía asumir el Ayuntamiento y menos aún, explicó, que los pagara el ciudadano con la subida de tarifas. 

De ahí que la petición del rescate estaba más que justificada, como ratificó el dictamen del Consejo Consultivo, favorable al rescate, que ha sido clave en todo este expediente, en opinión de Valeria Guerra. “Ahí comenzó el cambio de la concesionaria que se ha sentado a negociar con otros modos”, y a partir de ahora tendrán que trabajar bastante para que se vuelva a ganar la confianza del Ayuntamiento y de la ciudadanía. Créanme que hemos tomado la mejor decisión para el municipio y sobre todo que no habrá repercusión en las tarifas que pagan nuestros vecinos”. 

Y es que el acuerdo conlleva el compromiso de ambas partes de someterse estrictamente a lo pactado en el contrato y al pliegos de condiciones por el que se rige el servicio, de tal forma que, en caso de déficit del mismo, su cálculo se realizará conforme establece dicho contrato y siguiendo el procedimiento establecido en el propio acuerdo, y no en la forma que lo venía haciendo la concesionaria (a través de su cuenta de resultados y  no mediante la fórmula pactada en el propio contrato), compensándose a ésta por el déficit soportado hasta ahora mediante un pago aplazado a bajo interés.

Con la firma de este acuerdo se pone fin a años de reclamaciones administrativas y procedimientos judiciales que han pasado por todas las instancias hasta llegar al Tribunal Supremo, estableciéndose las bases para evitar nuevos litigios en el futuro, garantizándose que un servicio tan importante para los vecinos se preste con garantías hasta la conclusión del contrato.