El Gobierno de Canarias anuncia que interpondrá recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el auto de hoy del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Esta es la acción legal en la que ya trabaja el Gobierno regional tras serle notificado el mencionado auto del TSJC, en el que se ratifican solo algunas de las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno del pasado jueves con la intención de controlar la pandemia de la COVID-19 en las Islas.


Tras un primer análisis del auto en cuestión, el Ejecutivo autonómico interpreta que las medidas antiCOVID publicadas este viernes en el BOC pueden seguir teniendo vigencia, debido a que el auto no es firme y por tanto su contenido puede ser revisado por el Tribunal Supremo. Si no fuera así, el Gobierno adoptaría de inmediato las decisiones que en ese caso fueran procedentes.
El Gobierno de Canarias espera que el Tribunal Supremo adopte una línea común tras autos de distinta índole en varias comunidades autónomas.

En algunas de ellas, se ratificaron medidas similares a la canaria como el toque de queda.
El Ejecutivo regional valora, no obstante, que el auto del TSJC dé conformidad legal a algunas medidas, entre ellas las relacionadas con la limitación del número máximo de personas no convivientes.

Los jueces consideran que el toque de queda “no está debidamente justificado y que no supera el canon de proporcionalidad”

La decisión del gobierno viene motivada por el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en Santa Cruz de Tenerife, que no avaló ni el toque de queda nocturno, ni la limitación de entrada y salida de personas en las islas que se encuentran en los niveles 3 y 4 una vez finalizado el estado de alarma en España. El auto especifica que “no se ha apreciado ningún motivo en cuya virtud pueda razonablemente defenderse que las conductas de riesgo resulten aún más peligrosas si se ejecutan en horario nocturno o las inocuas dejen de serlo porque el día dé paso a la noche”. “Nos hallamos aquí ante un verdadero confinamiento por la sola razón del horario”, advierten los magistrados.

El órgano judicial se reunió ayer y hoy en pleno para abordar la petición del Gobierno de Canarias de que acepte sus medidas para la contención de la pandemia de la Covid-19 tras el decaimiento del estado de alarma. Después de dos jornadas de deliberación ha desestimado las restricciones que limitan los derechos fundamentales.

La Sala sí respalda la limitación del número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios de uso público y privado cerrados o al aire libre. 

Con respecto a la permanencia de personas en lugares de culto, la sala ratifica que se deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal entre no convivientes y el uso de la mascarilla, así como evitar el contacto físico entre los asistentes y el canto, la distancia de seguridad interpersonal entre no convivientes y el uso obligatorio de la mascarilla. Por contra, no avala que la utilización del exterior de los edificios o de la vía pública para la celebración de actos de culto deba contar con una autorización previa.

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