El Bloque Nacionalista Rural – Nueva Canarias, formación que compone el grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Gáldar, ha presentado para su debate en el Pleno de la corporación municipal, que se celebra este jueves, una moción en la que se plantea el rechazo del consistorio galdense al punto 2.3 de la Orden publicada el pasado día 4 de noviembre en el BOC que modifica la organización y funcionamiento de los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) y que viene a decir que el alumnado de estos centros matriculado en la enseñanza de Formación Básica Inicial (FBI) podrá permanecer en esta modalidad un máximo de cuatro años.

Las consecuencias de la entrada en vigor de la mencionada orden para los centros educativos de nuestro municipio, y todos los de Canarias, supondrá la negación del derecho de matriculación, que en el caso del CEPA Gáldar afectará a unas 500 personas de los municipios de Guía, Gáldar, Agaete y Moya, negando un proceso de educación a personas a las que le asisten el Derecho a la Educación, tal como dicta la Constitución española y resto de leyes vigentes en Europa, en España y Canarias.

La formación nacionalista explica que la modalidad de enseñanza (FBI) en la comarca noroeste acoge actualmente 573 matrículas de alumnado, y la mayoría de ellas son personas mayores, en proceso de envejecimiento activo, a quienes la ley ampara su derecho a recibir una formación permanente acorde a sus necesidades a lo largo de la vida. Por otro lado, alumnado con necesidades educativas especiales que encuentran en esta modalidad una respuesta a sus demandas de socialización y aprendizaje. También alumnado derivado de los servicios sociales municipales, en algunos casos, en riesgo de exclusión social. También alumnado extranjero con dificultades de integración a causa del idioma y, finalmente, alumnado en otras situaciones a los que desde la Educación de Personas Adultas se les acompaña en su proceso formativo, diseñando una enseñanza de calidad adaptada a toda esta diversidad, dentro del sistema educativo público.

Es por ello por lo que desde el grupo de gobierno municipal se pone en cuestión el punto 2.3 de esta nueva orden de funcionamiento para los centros de educación de personas adultas, en tanto que discrimina a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Muchos de estos mayores no tuvieron la oportunidad de acceder a la educación y son los centros públicos de Educación de Personas Adultas los que les están facilitando el aprendizaje de competencias funcionales para la vida. Competencias adaptadas a sus necesidades, como la capacidad de desenvolverse en un mundo digitalizado. La propia OMS indica que uno de los pilares estratégicos del envejecimiento es la participación activa.

Los mayores padecen cada vez más la soledad propia de sus circunstancias personales, pero también la institucional. La importancia de mantener las actividades sociales favorece la salud integral y ejerce una función protectora ante todo tipo de enfermedades físicas y mentales.

La histórica coordinación entre el CEPA y el Ayuntamiento de Gáldar ha permitido tejer una red social en la que los recursos se optimizan dando respuestas a las necesidades de la Educación de Personas Adultas. Por todo lo expuesto, y por cada una de las personas que han tejido la historia de estos centros y continúan formando parte activa, el BNR-NC propone al Pleno del Ayuntamiento de Gáldar mostrar el rechazo del consistorio al apartado 2.3 de la Orden de la Consejería de Educación, reivindicando una educación que ponga en valor y respete la formación permanente a lo largo de la vida, atendiendo a las necesidades y sin fecha de caducidad.

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