La moción del grupo de gobierno pedía más agilidad en la adjudicación de vivienda social y control y vigilancia del uso de las viviendas públicas ya adjudicadas. La exposición de motivos de la moción hacía referencia a cómo la problemática de la vivienda en Canarias ha ido incrementándose con el paso de los años, con los efectos del boom de la construcción que posibilitó una amplia oferta de alojamiento a precios asequibles, de manera que muchas familias pudieron acceder a una vivienda digna y adecuada, hipotecándose para ello.

“La aparición de la crisis, la aplicación de los recortes, el incremento del desempleo y la eliminación de las ayudas públicas al alquiler, generó que muchas familias tuvieran que abandonar las viviendas que habían adquirido por no poder hacer frente al pago de la hipoteca teniendo lugar numerosos desahucios; al igual que aquellas otras que tuvieron que abandonar los alquileres, regresando tanto unas como otras a los hogares de sus padres, en muchas ocasiones no adecuados para albergar a una segunda familia, con las dificultades y conflictos de relación que ello conlleva”, relataba la moción.

El municipio de Gáldar cuenta con una demanda de vivienda que asciende a unas cuatrocientas solicitudes, tratándose de familias con cargas familiares, escasos recursos económicos, desahuciadas en muchos casos que viven acogidas por familiares en condiciones de hacinamiento.

El parque de viviendas del municipio se caracteriza por la inexistencia de viviendas públicas en régimen de alquiler de nueva construcción ya que las últimas datan del año 2.000, la existencia de dos promociones de vivienda de protección oficial en arrendamiento del Consorcio de Viviendas sin adjudicar y un elevado número de viviendas públicas desocupadas.

En concreto, en Gáldar existen en total 44 viviendas del Consorcio de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, 29 en Marmolejos y 15 en la Bajada de las Guayarminas, frente a las oficinas de la Policía Local. La primera piedra de esta última promoción se puso en octubre de 2010 y ambas datan de ese año, con un plazo de ejecución de 10 meses, sin que hasta el momento hayan sido adjudicadas.

La concejal del área de Vivienda, Encarnación Ruiz, denunciaba en este pleno que “sabemos cada uno de nosotros, las viviendas de protección oficial que han sido desocupadas y que no han vuelto a caminar las listas de las personas que están en lista de espera de una vivienda de protección oficial, por lo que con esta moción sólo pretendemos que el Cabildo agilice sus trámites para que las viviendas que están frente al actual Cuartel de la Policía Municipal como las de Marmolejos, se entreguen lo antes posible, ya que están terminadas y tienen licencia de primera ocupación”.

Estos motivos expuestos en la moción hicieron que el Pleno Municipal aprobara instar al Cabildo de Gran Canaria “a que se agilizaran los procedimientos de adjudicación de las dos promociones de vivienda social en alquiler del Consorcio de Viviendas finalizadas hace ya bastante tiempo”, y al Gobierno de Canarias a “que se pongan en práctica las medidas adecuadas de control y vigilancia del uso de las viviendas públicas, que se agilicen los procedimientos de recuperación de las viviendas desocupadas que puedan ser nuevamente adjudicadas y que se construyan nuevas promociones de vivienda pública en alquiler, así como que se finalicen las obras inacabadas que haya en el municipio”.

La moción fue aprobada por todos los grupos políticos excepto la coalición del Partido Popular y la Unión Progresita de Gáldar. Don José Juan Rodríguez Pérez, portavoz del grupo mixto (CCN), manifestó que “por parte de nuestro grupo vamos a apoyar la moción, porque además es una necesidad de muchas familias que no disponen de esas viviendas, familias que lo están demandando y hay muchos que están viviendo en una situación de hacinamiento en sus casas pendientes de estas viviendas”. El grupo político de CC también votó a favor, mientras que Aladino Suárez, portavoz del grupo político PP-UnPG dijo que “compartimos la preocupación pero lo que no entendemos es instar al Cabildo a que agilice más las cuestiones cuando ya las tenemos en los próximos quince días para aprobarla”. Su grupo propuso que se quedara sobre la mesa la moción, a lo que el alcalde, Teodoro Sosa, en el cierre de la moción criticó que “hoy don Aladino ha instaurado un nuevo voto, el voto sentimental, se quedará para la historia (…) entiendo que no la quieran apoyar por la explicación que usted acaba de dar: es un tema casi más político que porque no la entienda, porque a sentimiento como dice usted, sí la entiende”.

La moción fue aprobada finalmente con los dieciséis votos a favor de BNR-NC, PSOE, CC y CCN, y tres en contra de PP-UnPG.

De las 44 viviendas del Consorcio de Vivienda del Cabildo Insular se cerró el plazo de presentación de solicitudes el pasado lunes 18 de noviembre, después de que fueran finalizadas desde hace años, ya que las obras empezaron en 2010 y tenían un plazo de ejecución de tan sólo 10 meses. Las solicitudes fueron presentadas por las familias necesitadas en el Ayuntamiento de Gáldar y en el propio Cabildo. Sólo en Gáldar se registraron hasta 110 solicitudes, lo que demuestra la fuerte demanda existente de este tipo de vivienda.

Han podido optar a ellas las personas que están inscritas en el Registro Público de Viviendas Protegidas de Canarias, que no posean vivienda, y con ingresos que no superen 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM – en 2013 situado en 7.455,14 euros), es decir, una renta de 18.637,85 euros al año.

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